Jueves 12 de
septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial II
Contrariando su Constitución, el país caribeño ha decidido
dejar a sus ciudadanos sin protección regional en los casos de violaciones de
los derechos humanos
Transcurrido ya un año desde que Venezuela denunciara el Pacto
de San José de Costa Rica, los venezolanos, conforme a las normas
regionales, acaban de perder la protección independiente y efectiva de sus
derechos humanos y de reparación de sus violaciones que les brindaba el sistema
interamericano.
Se trata de un hecho realmente gravísimo, que demuestra cómo
la Venezuela bolivariana ha dejado de
ser una democracia, pese a lo cual no se ha producido la reacción de
condena que lo sucedido debería haber generado por parte de algunos de nuestros
organismos regionales, como el Mercosur
o la Unasur, y de los países de la región.
Jueves 12 de
septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial I
Las conocidas exclusiones de ascensos militares de
familiares de oficiales que actuaron en los años setenta se han extendido a
otras áreas
Desde esta columna editorial hemos denunciado cómo en la
Argentina actual, gravemente despojada de contenido republicano, se han venido
rechazando propuestas de ascenso de no pocos jóvenes militares con intachables
antecedentes y cuyas fojas de servicio se desarrollaron completamente durante
el período democrático abierto en 1983, por lo que ninguno de ellos había
participado en la lucha contra el terrorismo y cuyas edades los apartaban de
modo elocuente de aquella época trágica. Todos ellos, sin embargo, tenían algo
en común: un padre o algún pariente que habían prestado servicios en cuarteles
sindicados por organismos de derechos humanos como parte del esquema militar
que reprimió a la guerrilla de los años setenta. Ello motivó que fueran
marginados de los ascensos a los que fueron propuestos por sus superiores, por
simple portación de apellido.
Lamentablemente, las discriminaciones por estas mismas
razones se han extendido a otras áreas del Estado. En el Poder Judicial, por
ejemplo, existe un caso de evidente discriminación que lleva casi ocho años,
cuyo protagonista es el doctor Ignacio
Rodríguez Varela, actual secretario
de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, cargo al que
accedió luego de veinte años de haber ingresado a la Justicia y de desempeñarse
en los diversos estamentos que componen la carrera judicial.
Ignacio Rodríguez Varela y familia
Desde 2005, el doctor
Rodríguez Varela se presentó en seis concursos múltiples, en todos los
cuales obtuvo las más altas calificaciones. En tres de ellos integró nueve
ternas, habiendo ocupado el primer lugar en seis de ellas. Dos de los concursos
terminados eran para cargos de fiscal. En uno de ellos ocupó el primer lugar,
encabezando las ternas de las dos vacantes y, de haberse respetado el orden de
mérito, su propuesta estaría hoy en el Senado
de la Nación. No obstante, fue excluido arbitraria y sistemáticamente en
todas las propuestas y nombramientos que se hicieron.
Es absolutamente comprensible el dolor que manifiesta la Sra. Enriqueta G. L. de Loyudice en su
carta del sábado pasado, con respecto a la forma cruel e inhumana en que el
Estado trata a los militares detenidos. Lo dijo también oportunamente el periodista Nelson Castro a propósito de
la muerte de JorgeVidela. A lo mismo se refirió,
valientemente, el Sr. Héctor Leis
(ex integrante de Montoneros). En ese sentido, resulta de enorme interés el
artículo (en la Web) del Dr. Mariano N.
Castex, que tituló "Yo
acuso", en el cual alude lúcidamente a lo que sucedió con el general Ibérico Saint Jean y el
escandaloso obrar del Tribunal Oral en
lo Federal Nº 1 de La Plata.
Evidentemente,
también allí el odio y la impudicia pudieron más que la justicia.
Decía, entre otras cosas, el Dr. Castex, quien fue designado perito médico y psiquiatra en ese
proceso, que "un gobernador del
gobierno militar, nonagenario, vio revocada su prisión domiciliaria y
trasladado a una cárcel común, luego de una farsa vergonzosa. La consecuencia
fue su muerte, una muerte anunciada por los forenses independientes, un
homicidio silenciado por quienes manipulan sin pudor alguno la tragedia
argentina de la década del 70. Ibérico
Saint Jean fue asesinado in obliquo por el Tribunal Oral Federal de La Plata.
El tribunal hizo caso omiso de la prevención, designó a dedo a
"especialistas" que "convenían", basureó a los forenses
oficiales, maltrató a un anciano indefenso, revocó la prisión domiciliaria y lo
sepultó en la cárcel de Marcos Paz". En pocas palabras, lo llevó, "carente de la capacidad para estar en
juicio", a un cadalso, sabiendo cuál era la situación". Se
justifica esta nota porque testigos que hablen quedan muy pocos, ya que reina
el miedo, y en el futuro los archivos y la escasa prensa independiente que
queda deberán hablar. Que su muerte y otras muchas de las que no se habla por
temor sean un llamado de atención para que de una vez por todas cese el
carnaval instaurado por la venganza y que la justicia vuelva a brillar en el suelo
argentino que clama por paz.
Me pregunto: ¿cuándo
los argentinos podremos perdonarnos unos a otros? ¿Cuándo seremos capaces de
poner la otra mejilla, siguiendo los consejos del coronel Argentino del Valle
Larrabure, en su lecho de muerte y luego de ser severamente torturado durante
su secuestro de 372 días?
Recién allí, seguramente, comenzará el camino de las
soluciones que tanto anhelan los ciudadanos argentinos.
En el día de ayer, 11 de septiembre, falleció la Sra. Gladys Nevares de Lambruschini, madre de Paula, la adolescente
asesinada por una bomba de Montoneros
el 1 de agosto de 1978. Gladys
sufrió muchísimo el asesinato de su hija menor y nunca pudo recuperarse de esta
pérdida, cimentada en tantos años de impunidad y desprecio por estos crímenes
sin justicia.
Miércoles
11 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa
Nuevos tiempos
A 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, la
dirigencia política chilena parece dispuestaa enfrentarse con las verdades
incómodas del pasado, un camino difícil que a la Argentina no le es ajeno
Por Jorge Sigal |
Para LA NACION
El 18 de diciembre de 1973, tras un acuerdo secreto entre
Estados Unidos y Suiza, Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista
de Chile, detenido desde el 28 de septiembre en un campo de concentración en la
isla de Dawson, en el extremo sur del país, fue canjeado en el aeropuerto de
Zurich por el disidente soviético Vladimir Bukovsky. Acompañado por su esposa,
el senador destituido por el golpe militar de Augusto Pinochet Ugarte, partió
inmediatamente hacia un lugar desconocido en la URSS. Mientras estaba en
prisión, Corvalán había sido distinguido por Moscú con el Premio Lenin de la
Paz.
La escena, que podría haber nacido de la cabeza poco
creativa de un guionista de series en blanco y negro durante los años de la
Guerra Fría, surge sin embargo de una rigurosa crónica de esos tiempos.
Podríamos elegir otras. Miles de imágenes narran aquellos dramáticos días en
los que se jugó en Chile el destino de la puja entre los dos grandes sistemas
que gobernaban la Tierra. El río Mapocho cargado de cadáveres flotando a la
deriva, el Estadio Nacional de Santiago convertido en oprobiosa prisión, el
toque de queda, los fusilamientos sin juicio previo, el presidente Salvador
Allende descerrajándose un tiro con un arma soviética mientras La Moneda, sede
de una de las pocas democracias estables de América latina, era convertida en
escombros por la aviación militar de las fuerzas sublevadas.
Carlos Alberto
Montaner es tal vez el pensador latinoamericano de mayor influencia en este
momento, al leer su participación en el Foro
del socialismo del siglo XXI y sus repercusiones en la libertad de prensa,
es imposible no caer en el paralelismo con los gobiernos del matrimonio Kirchner,
especialmente el último de la actual presidente.
Como él mismo expresa el debate sobre el totalitarismo y la
libertad, ya lleva muchos siglos en la humanidad, nosotros hemos sufrido sus
efectos durante décadas… pero nunca como en estos últimos diez años.
El kirchnerismo no ha dejado de lado ninguno de sus
principales temas, intentó de todo para imponer su relato y eternizarse en el
poder. Hoy gracias a la voluntad popular que se manifestó en las PASO, redujo
el poder delegado en las elecciones de 2010 de un escandaloso 54 % al realista
26 %, solo resta que se confirme en octubre y el cambio final debe de arribar
en 2015. Por el bien institucional del país, es necesario que la presidente
culmine su mandato y al termino del mismo rinda cuenta de su gestión y la de
sus funcionarios.
La historia del miembro de Montoneros condenado a pena
capital por entregar un dato crucial.
Por Ceferino Reato
Fernando Rubén Haymal,
también conocido por su nombre de guerra “Valdés”, comenzó a morir once días
antes, cuando un tribunal revolucionario de Montoneros lo condenó a la pena
capital “en el lugar y el momento en que
se lo encuentre” por haber entregado a la policía un dato crucial: la
dirección de una casa donde fueron apresados varios jefes guerrilleros, entre
ellos Marcos Osatinsky y Horacio Mendizábal, dos de los ocho
miembros de la cúpula nacional de la guerrilla peronista.
El martes 2 de septiembre de 1975 Haymal, de 26 años, salió de la casa de su abuelo en el barrio
Alberdi, donde vivía con su esposa, embarazada de ocho meses, y su hijo de un
año, y tomó un colectivo de la línea 102. Dos compañeros se subieron en el
trayecto; venían a ejecutar la sentencia. Triste, desmoralizado, vencido, Haymal los dejó hacer. Al llegar al
Correo, en la esquina de las avenidas Colón y General Paz, en el centro de la
capital cordobesa, lo obligaron a bajar; de inmediato, los tres jóvenes se
acomodaron en el asiento trasero de un Peugeot 404 blanco, donde los esperaban
otros dos guerrilleros. Recorrieron una treintena de cuadras.
En el barrio de Alta Córdoba, cerca del estadio del club
Instituto, le dispararon dos balazos calibre 45 en el pecho. Caía la tarde
cuando ataron una cadena a los pies de Haymal,
abrieron una de las puertas del automóvil, sacaron el cuerpo perforado y lo
arrastraron por la calle con el Peugeot en marcha hasta que la cadena se
rompió. El cadáver quedó tirado en el pavimento, la cabeza destrozada, la ropa
sucia de sangre y de tierra. Su hermano, Hugo
Haymal, dice que Fernando murió
dentro del coche a causa de esos dos disparos, pero La Voz del Interior informó
que estaba con vida cuando lo arrastraban por la calle. “Además de las heridas de bala, la víctima sufrió horribles lesiones
traumáticas en la cabeza y dejó de existir”, aseguró el diario.
Una mini cumbre de gobernadores cristinistas que se llevó
hace unos días en Corrientes terminó de
la peor forma posible.
José Luis Gioja esperaba instrucciones de la Presidenta para
saber cómo afrontar la dramática crisis de caída del casi 20% en la
consideración del electorado. El portador de las indicativas era el Jefe de
Gabinete Juan Manuel Abal Medina, pero su llegada a San Juan se pareció –según
dijo el propio gobernador- al Charly García de sus peores tiempos. Duro, como
“plastificado”, los ojos abiertos y enrojecidos como quien no está en sus
cabales y fundamentalmente sin poder articular palabra alguna.
Gioja lo tomó del hombre y le pidió a Abal Medina que se
volviese, que era una vergüenza el estado lamentable en que se encontraba, que
si los periodistas se daban cuenta que estaba pasado de sustancias ilícitas le
daría argumentos servidos en bandeja a la oposición.
Es que a Gioja no le va bien en San Juan, y lo único que le
falta para que le vaya peor es que las instrucciones a los gobernadores se las
lleve un tipo que vive “dado vuelta”.
El ejercicio del poder, cuando escapa a las normas que lo
regulan, otorga al ser humano que lo
ejerce una sensación exacerbada de
autoestima e impunidad. Lleva a olvidar lo efímeros que son los bienes y las glorias temporales y hasta desprecia la
sabiduría popular, esa que tan bien expone José
Hernández en su Martín Fierro cuando expresa “No hay
plazo que no se cumpla ni tiento que no se corte”.
El gobierno del frente
para la Victoria y muy especialmente la señora presidente, han comenzado a transitar el tiempo de rendir
cuentas de los errores, los pecados y los exabruptos formulados en el pasado y ven como se acumulan sobre su presente las
facturas que deben comenzar a pagar en forma implacable. La elecciones
primarias sirvieron para evidenciar que el plazo que les concedió la sociedad
para gobernar el país ya tiene fecha de vencimiento y el tiento que sostenía el
andamiaje de poder, hecho de falsos relatos épicos, dinero fabricado
masivamente para pagar subsidios y medios de comunicación controlados, ha
comenzado irreversiblemente su proceso de corte.
Ya no quedan dudas sobre las mentiras de este gobierno,
sobre la absurda tergiversación de la historia, sobre la ridícula y forzada
instalación de un "relato"
que nos quieren hacer creer, a pesar de que todavía hay muchos testigos
vivientes que pueden afirmar lo contrario.
Especialmente con lo sucedido en la década del 70, donde
ahora resulta que no existieron las organizaciones terroristas, sino que fueron
pobres jóvenes idealistas.
El Instituto de
Filosofía Práctica y la Asociación
de Abogados por la Justicia y la Concordia invitan a la presentación del
libro El garantismo abolicionista
del Dr. Héctor Hernández.
Se trata de la primera obra destinada al tratamiento
orgánico de dicha doctrina y movimiento, a los que el autor considera la causa
principal tanto de la inseguridad imperante, cuanto de la comisión de
gravísimas violaciones al orden jurídico.
Si la prevaricación,
o prevaricato, es un delito que
consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un
asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es
injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de
la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido
por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.
La misión de los
jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio
de esa función se denomina "jurisdicción".
Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario
judicial. Cuando un juez se aparta
voluntariamente de la aplicación del
derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina
prevaricato.
¿Qué sucederá en este país cuando se dé vuelta la tortilla
política y se acusen a los jueces de
haber cometido el delito de prevaricato durante la investigación y juicios mal
llamados de delitos de lesa humanidad? Muchos de ellos, inclusive la SCJN ya han sido acusados, las causas
no han avanzado a la sombra del poder de turno y su oscura política nacional al
respecto, enunciada por el juez RicardoLorenzetti en reiteradas ocasiones.
Formulamos votos para que se recupere el principio
de igualdad ante la ley, se anulen los juicios viciados de “aberraciones
jurídicas” y se dé curso a las causas por prevaricato a todos los jueces y funcionarios que hayan cometido ese
delito en el mal ejercicio de sus funciones.
A buena parte de la ciudadanía le angustia pensar en el
futuro. La incertidumbre sobre el porvenir se fortalece por la percepción de
que hace falta corregir demasiado para encontrar el rumbo.
La lista de problemas a enfrentar es larga y compleja. Casi
todas esas cuestiones tienen múltiples causas y para abordarlas con seriedad se
deberán encarar diversas acciones.
Hoy la sociedad tiene más sensaciones que conocimientos. Es
posible que no se posea pleno dominio de los detalles, aspectos técnicos y
estudios profundos sobre cada asunto, pero se tiene plena conciencia de su
existencia y además se sufren sus consecuencias sin contemplaciones.
Con la misma simpleza que la gente entiende lo que pasa, aun
sin conocer sus insondables mecanismos, sabe también que para resolver
problemas se necesitan decisiones fuertes e intuye que su implementación puede
no ser muy grata y que se pueden sufrir efectos indeseados. Es el sentido común
el que dice que los inconvenientes no se arreglan por sí mismos y que hacerlo
siempre tiene secuelas e implica atravesar etapas.