viernes, 28 de abril de 2017

PRESCRIPCIÓN - SOLICITA SOBRESEIMIENTO SECUESTRO DE HISTORIA CLÍNICA - SOLICITA FOTOCOPIAS


Señor Presidente del TOCFBB:

Eduardo Sinforiano San Emeterio, letrado (CSJN Tº XII Fº 93 Matrícula 33631 – CFALP Tº 201 Fº 389 – CPACF Tº 76 Fº 572, CALP Tº XLVIII Fº 212), en la causa Nº FBB 93000982/2009, usuario electrónico(CSJN) 20085036999,a V.E. digo:

LEGITIMACIÓN:

Que habiendo sido designado por el Coronel D. Jorge Alejandro Delme, hijo del fallecido, como su abogado, en su representación vengo a asumir el presente ministerio y tomar intervención en la causa.

FINALIDAD DEL PRESENTE ESCRITO

Que, con fecha 13 de abril de 2017 se produjo el óbito del Coronel (R) D. Hugo Jorge Delme.

Ello, debido al trato cruel, inhumano y degradante, a que lo sometieron la totalidad de los miembros de ese Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca Subrogante, con la anuencia del público ministerio, ya que sin causa alguna que lo justifique, lo privaron de su libertad ambulatoria, lo enviaron a una cárcel común, máxime que éste, en razón de su edad (80 años) y su estado de salud  debería haber estado en prisión preventiva domiciliaria.

Por tal motivo, en el carácter invocado vengo a solicitar a la jurisdicción la extinción de la persecución penal de la acción respecto del padre de mi asistido, decretándose la prescripción a su favor conforme lo autoriza el arts. 59 inc. 1º, CP. Ello, más allá de no existir a su respecto sentencia condenatoria firme, ni consentida.

En síntesis, el Señor Coronel Delme ha fallecido en estado de inocencia, aunque esto pueda molestar al tribunal o a los fiscales militantes, o a la querella, dado que la acción penal a su respecto se ha extinguido, por lo que debe cesar toda persecución penal, por parte del estado en contra de él, descontando desde ya, que no ha de ser intención de V.E. ampliar su jurisdicción terrenal, para seguir con tal persecución en el más allá, pues el honesto y valiente militar fallecido, quién integró las filas del Ejército Argentino, siempre se guió por el camino que le marcaron, los Generales D José de San Martín y Juan Manuel Belgrano, por lo que hoy, sólo puede ser juzgado por Dios, fuente de toda razón y justicia, quién seguramente lo absolverá en esta injusta y política causa por la que se lo persiguió e inhumanamente se lo trató.
Oportunamente, se deje sin efecto toda medida restrictiva de carácter patrimonial decretada respecto del mismo por ese tribunal, para lo cual solicito de y para el caso de ser necesario se ordenen librar los oficios de estilo, autorizándose al suscripto a diligenciar los mismos y a suscribir las minutas de estilo.

Sin perjuicio de todo ello, y siendo de real interés de la familia de mi defendido, de concurrir por ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos(O.E.A.), con sede en Washington, y ante la CPI, a fin de formular la pertinente denuncia por la violación de los Derechos Humanos de su padre, por parte de la jurisdicción y del representante de la vindicta pública, pues no cabe duda alguna, que  en este proceso, no existió en modo alguno ni el más mínimo atisbo de justicia, en todo lo referido a los DD.HH del Señor Coronel (R) Delme, quién fue sometido a proceso, por medio de una comisión especial como lo es ese Tribunal, el que aplicó una extraña persecución asimétrica, y que lo abandonó en el cuidado de su salud, provocando de ese modo su muerte. Actividad “jurisdiccional”, que no podemos llamar en modo alguno justicia, lo que hace sonrojar de vergüenza a la Diosa Temis.

Ante tan grave evento, y encontrándose  el Señor CoronelDelme -cuando estaba en vida-, bajo la jurisdicción y custodia de este Tribunal, expresamente se solicita se, ordene sin dilaciones, el secuestro de la totalidad de la Historia Clínica perteneciente al extinto CoronelDelme, que pudiera existir  en los Hospitales militares de Campo de Mayo y el HMC 601  de la CABA, y en el Servicio Penitenciario Provincial de Bahía Blanca, y Servicio Penitenciario Federal, tanto de Marcos Paz, Unidad 31 y Unidad 34 de Campo de Mayo.

Todo ello, a fin de determinar de manera fehaciente, la causa de la muerte del CoronelDelme y de ese modo descartar toda acción dolosa, directa o eventual, y/o culposa, generada por el estado de abandono de la jurisdicción, lo que pudo haber causado seguramente su óbito.

Ello, motivado en que existe una clara sospecha de que existió por parte de jueces de condena, un trato anormal hacia el Coronel Delme, quien recibió como destino final el camposanto.

Por todo lo expuesto, expresamente solicito se me autorice a extraer fotocopias simples de la totalidad de las constancias médicas -legajo de salud, tanto judicial, como penitenciario (SPF y SPPPBA)-, y de todo incidente de solicitud de prisión domiciliaria existente y sus resoluciones, si las hubiere. Ello, a mi exclusiva costa y cargo.

Proveer de conformidad, es justo.-

CÁMARA FEDERAL EN LO PENAL DE LA NACIÓN - UNA RESPUESTA AL FLAGELO DEL TERRORISMO


La Cámara Federal en lo Penal de la Nación fue el mejor instrumento que  el país tuvo para combatir la violencia terrorista, generada por aquellos a quienes el relato kirchnerista  ha dado en llamar “jóvenes idealistas”.

Hoy, uno de sus ex miembros, el Dr. Jaime Smart, se encuentra detenido injustamente como Preso Político en la Unidad Penal de Ezeiza. La Cámara Federal de Casación Penal ya ordenó al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que haga efectiva su detención domiciliaria, pero el anciano de más de 80 años aún continúa esperando ese beneficio. Leer VENGANZA NO ES JUSTICIA.

Nos cabe la pregunta ¿Cuántos males se hubiera  ahorrado nuestra querida República Argentina, si la miopía de los políticos que detentaron el poder del Frejuli, durante la administración de Héctor Cámpora, no hubieran impulsado la disolución de la Cámara en cuestión. Otra sería la historia escrita.


Lunes, 17 de septiembre de 2007

Por el Dr. Esteban Matías Gutiérrez Dalla Fontana[1]

El presente artículo tiene por fin llevar a conocimiento del lector – o en su caso hacerle recordar – lo que en su momento fue una de las respuestas brindadas por nuestro país al fenómeno guerrillero que asoló el mismo desde fines de la década del 60’ hasta finales de la del 70’. Esta respuesta fue, la conformación de un tribunal, que respetando todas las garantías procesales juzgó a miembros de las organizaciones guerrilleras (Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP-, Fuerzas Armadas Revolucionarias –FAR-, Montoneros, entre otras de menor relevancia). Ante tanta verdad mediática e historia hemipléjica vaya esto como un aporte más a nuestra verdadera historia nacional.

I) ANTECEDENTES:

Para adentrarnos en los hechos o en las causas que motivaron la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación debemos destacar el contexto histórico en el cual se encontraba nuestro país. Recordemos que bajo los gobiernos de facto surgidos de la denominada Revolución Argentina de los Generales Roberto Marcelo Levingston (1970/1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971/1973) se producen un sinnúmero de gravísimos episodios guerrilleros entre los que cabe destacar:

1-   Secuestro y asesinato del General Pedro Eugenio Aramburu por Montoneros;

2-   Asalto en la localidad de Pilar de un convoy militar proveniente de la fábrica de armas de Villa María donde es asesinado el Teniente Primero Mario César Azúa y es herido el soldado Hugo Alberto Vacca, quedando hemipléjico y falleciendo luego a los cuatro años del hecho;

3-   Ocupación de la localidad de La Calera (Prov. de Córdoba) por guerrilleros, los cuales asaltan el banco local, toman edificios gubernamentales y medios de comunicación;

4-   Ocupación de la localidad de Garín (Prov. de Buenos Aires) por guerrilleros que cortaron líneas telefónicas, robaron el banco y en un intento por tomar la comisaría asesinan a un agente de la Policía.

Estos, como muchos otros delitos de terrorismo se sucedían casi diariamente y ni el Estado nacional ni los provinciales podían dar una debida respuesta a los mismos, ya que se trataba de verdaderas bandas armadas con un modus operandi particular que se desplegaba por todo el vasto territorio nacional impidiendo que el Poder Judicial Federal actuara con competencia para investigar y juzgar cada hecho delictivo.

II) CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

A raíz de lo expuesto precedentemente, el gobierno nacional decidió poner coto a la verdadera amenaza que se cernía sobre la República, a través del proyecto de ley presentado por el Ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux.

Ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux

El citado ministro, proyectó juzgar a los miembros de estas organizaciones guerrilleras en el ámbito del sistema judicial, separado expresamente del militar (Código de Justicia Militar). Su proyecto, adelantado a los países europeos como España (ETA) e Italia (Brigadas Rojas), consistía en la creación de un tribunal con competencia en todo el territorio nacional para juzgar en instancia única los delitos de índole federal que tenían que ver en su mayoría con la ruptura violenta del “…sistema institucional argentino y que afectan de manera directa los más altos intereses nacionales…” cometidos por “…vastas asociaciones criminales con proyecciones en distintos ámbitos…” (Mensaje de Elevación del Proyecto - Jurisprudencia Argentina, Anuario de Legislación Nacional – Provincial, Tomo 1971 – A, pag. 407). En 28/05/1971 se dictó la Ley 19.053 creando la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, modernizando el Poder Judicial y colocando dentro de su estructura un órgano jurisdiccional ágil y eficaz para el juzgamiento de los delitos guerrilleros, ya que los jueces federales estaban desbordados totalmente por la magnitud y multiplicidad de acciones guerrilleras y con excepción de los implicados en el secuestro y muerte del General Aramburu, no se había logrado dictar ninguna sentencia. Con el cambio introducido a través de esta ley se logró, como se dijo, una modernización y agilización del sistema judicial para poder juzgar con rapidez y eficacia, los actos que tenían por fin destruir las instituciones de la República y evitar que dichos actos delictivos queden impunes. Decía además el Dr. Perriaux en el mensaje citado que “…Sería muy fácil y demasiado cómodo decirse que el sistema jurídico ordinario propio de la Argentina y de sus hermanos de Occidente, puede carecer totalmente de eficacia y que, por lo tanto, hay que abandonarlo, en cierto sentido al menos. Es mi firme certidumbre que esa solución sería prematura, y que el Estado Argentino debe responder al desafío que presentan estos actos mostrando la capacidad necesaria para modernizar y agilizar sus instituciones en forma de responder a ellos con la mayor eficacia…” (Ob. Cit. Pag. 407).

Con el procedimiento de instancia única instaurado, con una primera parte escrita y una segunda oral, se garantizaba la celeridad, la inmediatez, la bilateralidad, la contradicción y la publicidad, asegurándose desde el inicio la defensa del imputado. En muchos casos las defensas de los detenidos estuvo a cargo de abogados que formaban parte de la denominada Asociación Gremial de Abogados, muchos de ellos de estrechas vinculaciones con las organizaciones guerrilleras. Es decir que los imputados contaban con todas las garantías procesales indispensables y necesarias propias de una persona sometida a un proceso judicial penal. Cabe agregar también que por Ley 19.081 de Seguridad Nacional – Empleo de las Fuerzas Armadas se estableció por el artículo 7º que en caso de que, como consecuencia de las operaciones militares se produjeren detenciones, las personas y los elementos probatorios serían puestas a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (Ob. Cit, pag. 424), lo cual constituye una muestra más del verdadero objetivo del Gobierno Nacional de ese entonces a través del Ministro Perriaux, cual era el sometimiento a la justicia ordinaria de aquellas personas imputadas de delitos de terrorismo.

III) COMPOSICIÓN:

Dictada la ley de creación, el Ministro Perriaux se dedica a la búsqueda de aquellos que conformarían el nuevo tribunal y para ello elige a hombres aptos, idóneos y de vasta y aquilatada experiencia en el Poder Judicial, en definitiva verdaderos hombres de Derecho.

Como lo establecía la ley de creación, la Cámara estaba compuesta de tres Salas conformadas por tres jueces y un secretario cada una, además de personal judicial. Ante ellas actuarían tres fiscales.

La Sala 1º estuvo conformada por los Dres. Ernesto Ure (ex Juez de Instrucción), Juan Carlos Díaz Reynolds (ex Juez de Sentencia) y Carlos María Malbrán (ex Juez de la Cámara Criminal y Correccional);

La Sala 2º fue compuesta por los Dres. César Black (ex Juez de Instrucción), Eduardo Munilla Lacasa (ex Juez de Sentencia) y Jaime Smart (ex Juez de la Cámara Primera en lo Penal de San Isidro) y;

La Sala 3º fue integrada por los Dres. Jorge Quiroga (ex Juez de Instrucción), Mario Fernández Badesich (ex Juez de Sentencia) y Marcelo Tomás Barrera (ex Juez Federal de Córdoba) – jubilado y reemplazado por el Dr. Esteban Vergara (ex Juez de Instrucción) -.

Como Fiscales se desempeñaron los Dres. Jorge González Novillo, Gabino Salas y Osvaldo Fassi, todos de dilatada carrera judicial.

IV) ACTUACIÓN:

La Cámara comenzó a actuar en julio de 1971 hasta mayo de 1973 dictando en dicho período alrededor de 600 sentencias condenatorias así como otras tantas absolutorias y al momento de su disolución había 500 detenidos esperando su resolución.

Corresponde decir que ninguna de las sentencias fue revisada ni siquiera fue anulada ni revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que constituye una muestra cabal de su legítimo e imparcial accionar, tal como fue reconocido por el Tribunal que juzgó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas la eficacia de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación expresando, “…En 1973, por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron su libertad un elevado número de delincuentes subversivos – condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de los crímenes por ellos perpetrados -, cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores…” (Amar al Enemigo, Javier Vigo Leguizamón, pag. 59, Ed. Pasco, Año 2001). Además, durante el funcionamiento de la Cámara los imputados estaban detenidos a disposición de la Justicia ordinaria y no desaparecidos, lo cual pone de relieve la conducta y la acción de este tribunal de justicia.

Entre los casos más resonantes en los que tuvo que intervenir la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, merecen destacarse los de Oberdan Sallustro y el General Juan Carlos Sánchez, ocurridos el 10 de abril de 1972.

El primero de ellos era Director General de Fiat Concord y fue secuestrado y asesinado por el ERP. Mientras estuvo detenido en una de las llamadas “cárceles del pueblo”, sus captores efectuaron una serie de peticiones - como indemnizaciones al pueblo argentino, traslado de guerrilleros presos a Argelia, etc. – y la Fiat emprendió una negociación, pero el Sr. Sallustro fue asesinado cuando estuvo a punto de ser liberado por efectivos policiales.

El segundo de los nombrados era Comandante del II Cuerpo de Ejército con sede la ciudad de Rosario (Prov. de Santa Fe) y fue asesinado salvajemente en una emboscada automovilística por miembros de la organización guerrillera citada y de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Como consecuencia de este último hecho el Comando en Jefe del Ejército emitió un comunicado donde fijaba su posición ante los graves sucesos diciendo que “…Esta pérdida para la Institución responde, del mismo modo que los episodios con los se ha querido alterar la vida del país en los últimos tiempos, a un objetivo primordial del extremismo: impedir a cualquier precio la institucionalización del país…” (Veinte Años de Historia Política Argentina – 1966/1986, pag. 69, R.R. Ediciones, Buenos Aires Año 1988).

Algunos de los autores de ambos delitos terroristas de lesa humanidad fueron detenidos y puestos a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación - conf. la normativa legal arriba citada - y en febrero y marzo de 1973 son juzgados y se dictan las condenas por los asesinatos del General Sánchez y el Sr. Sallustro, respectivamente. Lamentablemente, debo decirlo, ninguno de los condenados cumpliría con su pena, por el acaecimiento de los hechos políticos que más adelante se relatarán, pero no debe dejar de resaltarse la verdadera eficacia del Tribunal y la celeridad impuesta al procedimiento penal, teniendo en cuenta la fecha en que se cometieron los delitos de lesa humanidad descriptos y la respuesta judicial brindada por el Estado Nacional a través de uno de sus poderes.

V) DISOLUCIÓN:

No está de más recordar que, bajo la presidencia del General Lanusse se convocó al Gran Acuerdo Nacional para lograr el pleno restablecimiento de una democracia representativa, eficiente y estable, en palabras del propio militar. Así y luego de innumerables negociaciones y maniobras tendientes a convocar a elecciones – con la participación del peronismo, pero no del General Juan Domingo Perón – se fijó el 11 de marzo de 1973 como fecha de los comicios. Hubo varias fórmulas presidenciales, por el Frejuli (peronismo) Cámpora – Solano Lima, por la UCR Balbín – Gammond y por la Alianza Federalista Popular Manrique – Martínez Raymonda, entre los más destacados, ganando la elección el binomio del Frejuli.

El Dr. Cámpora durante su campaña electoral se había comprometido a liberar a los “presos políticos” como primera medida de su gestión. Así el 24 de marzo de 1973 los letrados – miembros de la Asociación Gremial de Abogados - Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde (hoy Secretario de Derechos Humanos) denunciaron la existencia de un plan para trasladar a estos detenidos a unidades militares y convertirlos en rehenes frente al gobierno surgido de las urnas. Naturalmente lo denunciado nunca sucedió, pero vale bien aclarar que estos “presos políticos” fueron aquellos detenidos, procesados y condenados por la comisión de delitos de terrorismo – de lesa humanidad - por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tales como los relatados anteriormente, entre otros.


Es así que el día de la asunción – 25 de mayo de 1973 – se sanciona, más precisamente, en la madrugada del 26 de mayo la Ley Nº 20.508, que amnistió ex post facto a todos los condenados por delitos de terrorismo – y otros comunes -, aunque ya en los hechos habían sido liberados por la fuerte presión ejercida por los cuadros de superficie de las organizaciones guerrilleras encaramadas, algunas de ellas (Montoneros), en el poder de turno, a diferencia de otras – ERP – que redoblaron su accionar delictivo.

La Ley 20.508 de Amnistía por Delitos políticos y comunes conexos estableció en su artículo 1º que quedaban amnistiados por dicha norma los hechos ejecutados hasta el 25/05/1973, a saber: los perpetrados por móviles políticos, sociales gremiales o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho (inc. a); la participación en asociaciones ilícitas con fines políticos, gremiales, sociales o estudiantiles y los hechos cometidos como tales (incs. b y c); los realizados durante movilizaciones, actos de protesta, toma de fábricas, paro, u otra medida de fuerza o para servir a estas (incs. d, e). Por Decreto P.E.N. Nº 18 se la tuvo como ley de la Nación suscribiendo el mismo el Presidente Cámpora, su Ministro de Gobierno Dr. Esteban Righi y el Ministro de Justicia Dr. Antonio Benítez (Jurisprudencia Argentina, Anuario de Legislación Nacional – Provincial, Tomo 1973 – A, página. 605).

A través de la Ley 20.509 se modificó el Código Penal, para que así el asesinato de un juez o fiscal o de un miembro de las fuerzas armadas o de seguridad no fuera penado con la muerte o con la reclusión perpetua. El art. 80 bis, incorporado por Ley Nº 18.953, fue eliminado y establecía en su texto que “Se impondrá pena de muerte o de reclusión perpetua al que matare: 1º A un juez o fiscal, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones; 2º A quien en el momento del hecho desempeñares un acto de servicio propio de las Fuerzas Armadas o de seguridad, en razón de esta circunstancia; 3º Simulando un estado, oficio, empleo, profesión o cualquier circunstancia tendiente a desfigurar o alterar su personalidad de manera que pueda inducir a engaño a la víctima privándosela de la oportunidad de la defensa que naturalmente hubiera empleado en caso de no haber mediado aquella simulación” (vid Código Penal de la Nación Argentina Anotado y Comentado por Marcelo Manigot, 2ª edición corregida y aumentada, Ed. Abeledo Perrot Bs. As. 1971, pag. 169 y sig.). La Ley 20.509 en su artículo 1º de laxa redacción se estableció que a partir de la entrada en vigencia de dicha norma perderían eficacia todas las disposiciones por las que se habían creado o modificado delitos o penas de delitos ya existentes y que no hayan emanado del Congreso Nacional. Por Decreto P.E.N. Nº 19 se la tuvo como ley de la Nación suscribiéndolo los Dres. Cámpora, Righi y Benítez (Jurisprudencia Argentina, Tomo 1973 – A, pag. 593).

Finalmente y para terminar la funesta trilogía que sumiría a nuestro país en la más terrible de las guerras revolucionarias habidas en el siglo en todo el mundo, por Ley 25.510 se derogó la Ley a los magistrados y funcionarios que la integraron (art. 2º), repartiendo las causas (art. 3º), colocando en disponibilidad al personal administrativo y de maestranza (art. 5º) y utilizando el presupuesto asignado para la creación de tres salas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y dos fiscalías. Por decreto PEN Nº 20 se la tuvo como ley de la Nación suscribiéndolo los Dres. Cámpora, Righi y Benítez (Jurisprudencia Argentina, Tomo 1973 – A, pag. 594).

Volviendo a la Ley de Amnistía, la misma no tuvo ningún efecto pacificador o atenuador de los ánimos, ya que los condenados y procesados salieron sin haber pactado y sin ser desarmados y, como lo dijo el Dr. Héctor Sandler, Diputado por la Alianza Popular Revolucionaria “He visto salir los presos de las cárceles. Nadie estaba dispuesto a perdonar nada. Los que eran liberados se abrazaban en un reencuentro de lucha;…” (Amar al Enemigo, pag. 152). Dicho reencuentro se traslució en definitiva en un verdadero baño de sangre argentina por cuanto enseguida – período mayo de 1973 a marzo de 1976 – aumentaron exponencialmente los hechos de terrorismo pero no se dictó condena alguna. Por ejemplo, se suceden los asesinatos de dirigentes gremiales como Henry Klosterman, Marcelino Mansilla, de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército (y familiares) y otras fuerzas del orden en atentados dirigidos contra ellos o durante los asaltos a unidades militares como el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército siendo asesinado el Teniente Coronel Juan Duarte Hardoy, en el intento de recuperación; el asalto al Regimiento de Caballería X Húsares de Pueyrredón en Azul, en el cual fueron muertos su jefe, el coronel Arturo Gay y su esposa delante de sus hijos, así como el soldado conscripto Daniel González (que murió degollado en su puesto de guardia ) y también fue secuestrado en ese mismo ataque, el Teniente Coronel Jorge R. Ibarzábal, quien después de permanecer varios meses en una “cárcel del pueblo”, fue asesinado, el copamiento de la fábrica de explosivos de Villa María donde se produjo el secuestro, la tortura y luego la muerte del mayor Julio Argentino del Valle Larrabure. También los terroristas mataron al Capitán Carlos Arteaga, al Comisario Villar y su esposa, al Capitán Humberto Viola y su pequeña hija María, al Coronel José Esteban Dalla Fontana. Además asesinaron a figuras políticas como el ex Ministro del Interior Dr. Arturo Mor Roig, el Diputado Nacional por Santa Fe Hipólito Acuña, el Cónsul de U.S.A. en Córdoba John Patrick Reagan, el Intendente de La Plata, Rubén Cartier; a periodistas como el director del diario "El Día" de La Plata, David Kraiselburd, a miembros de empresas como el ejecutivo de La Isaura Luis León Domenech, el gerente de la firma Miluz, Alberto Bidegain, entre muchos otros más actos de terrorismo que detallar demandaría mucho más que este pequeño artículo (datos extraídos de la Revista Nueva Argentina).

Es decir, que no solo se retrotrajo la situación a lo acontecido con anterioridad a la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación sino que se agravó por la dimensión y continuidad de los hechos de terrorismo, con la seguridad por parte de los terroristas de salir impunes de sus aberrantes crímenes de lesa humanidad realizados durante la plena vigencia de nuestra Constitución Nacional, bajo los gobiernos nacionales sucesivos de los Presidentes Cámpora, Perón y Martínez de Perón. Cabe citar, lo que dijo el Diputado Monsalve refiriéndose a la amnistía dictada y sus consecuencias cuando expresó que “…Esta Cámara (de Diputados), en aquella oportunidad, aprobó la derogación de las leyes represivas presionada por las manifestaciones callejeras alentadas por quienes habían triunfado en las elecciones…, manifestaciones que integraban seguramente buena parte de las fuerzas que hoy están colocadas en la subversión. Cabe preguntarse porque hoy, después de casi un año de gobierno popular, subsiste, aun agravada la violencia, que todos repudiamos […] vemos que nuestro país se ha transformado en una nación en la que los hombres no pueden tener cuando salen de su casa para ir a trabajar y ganarse la vida, la seguridad de que volverán a ella enteros para reunirse con sus familiares…” (Amar al Enemigo, pag. 383).

Vale citar lo expresado por el entonces Ministro del Interior durante la Presidencia de Cámpora, Dr. Esteban Righi (hoy Procurador General de la Corte) quien manifestaba que “…los tres proyectos son presentados conjuntamente – el de Ley de Amnistía, la derogación de la ley represiva y la supresión de tribunales inconstitucionales en materia penal -, y fueron discutidos largamente con legisladores de las dos Cámaras…En rigor significaba nada más ni nada menos que dar cumplimiento a un parte importante del programa electoral…” (20 años de Historia…pag. 82). Ello demuestra la ingenuidad y la irresponsabilidad de los políticos de turno.

Dr. Ricardo Gil Lavedra

Demás está decir que la amnistía de 1973 benefició a aquellos juzgados y condenados por delitos de terrorismo. Dijo el Dr. Ricardo Gil Lavedra “…Son crímenes… quien pretendía de esa manera ejercer la política, y bueno, si mataba alguno, era criminal, más allá de los ideales de una sociedad más justa…” (Amar al Enemigo, pag. 61).

Considero (desde la distancia que da el tiempo) que tal amnistía fue un error, no debió haberse dictado – no es necesario que me explaye más sobre sus trágicas consecuencias – por cuanto era una ley que violaba palmariamente nuestra Constitución Nacional puesto que, a no dudarlo, todo acto de terrorismo es un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, tesitura reconocida por antecedentes convencionales y legislativos internacionales, no considerados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación compuesta de jueces nombrados por el Gobierno Nacional de turno – Presidencia Cámpora -, a pesar de tener posibilidad de hacerlo en muchas ocasiones – a raíz de las peticiones de inclusión en la ley de amnistía - como en el caso “De Luca s/ homicidio” (La Corte Suprema y su independencia de Alejandro Carrió, Ed. Abeledo Perrot, pags. 80/81).

Ahora sí, retomando el destino de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación y sus integrantes, luego del 25/05/1973 - como ya se citó - los jueces fueron cesados en sus cargos y comenzó una larga y angustiosa persecución política y laboral, no sólo de ellos sino también del personal que se había desempeñado prestando sus servicios en el citado tribunal.


En el año 1974, más precisamente el 28 de abril, fue asesinado el Dr. Jorge Vicente Quiroga (ya volveré sobre este hecho), el Dr. Munilla Lacasa sufrió un atentado pero salvó su vida de milagro cuando iba a ser ultimado a balazos y el Dr. Bianco – Secretario General de la Cámara – fue secuestrado durante un mes y medio. Como lo relata el Dr. Jaime Smart “…Cuando fracasa el atentado al Dr. Munilla Lacasa, la mayoría nos vamos del país. Yo me fui a Venezuela con el Dr. Munilla Lacasa, el Dr. Malbrán se fue a Perú, Ure y Díaz Reynolds a Uruguay, Fassi (fiscal) a México. La desprotección fue muy grande, incluso hubo comportamientos del Gobierno de Cámpora y de la nueva Corte, de franco carácter persecutorio. Al personal con menos de tres años de antigüedad se lo cesanteó sin ninguna indemnización, al resto, por el hecho de haber aceptado en su momento integrar la Cámara, se lo degradó hasta dos cargos en el plantel, distribuyéndolos, también como sanción, en los lugares más inhóspitos del Poder Judicial…” (Amar al Enemigo, Ob. Cit. Página. 99).

El Dr. Quiroga nació el 2 de enero de 1926 e ingresó en 1947 en la justicia local como empleado. En 1954 se graduó de abogado en la UBA y en 1962 fue nombrado Juez de Instrucción a cargo del Juzgado Nº 20. Fue designado por el PEN, en 1971, Juez en la Sala III de la reciente creada Cámara Federal en lo Penal de la Nación. Tuvo a su cargo, entre otros, el sumario por la fuga de 25 terroristas de la cárcel de Rawson. Fue también profesor de Educación Democrática e Historia de las Instituciones Americanas en el Colegio Manuel Belgrano y en la Escuela Normal Nº 3 de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires), de Legislación del Trabajo en la Escuela Industrial Nº 4 y Jefe de Práctica Forense en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA.

El 28 de abril de 1974, siendo las 14.30 hs. el Dr. Jorge Vicente Quiroga, luego de caminar desde su casa en la calle Viamonte 993 de Capital Federal, hasta el inmueble sito en la misma calle al 1510, se encontraba tocando timbre para visitar a su colega y amigo el Juez Horacio Rébori. En esa oportunidad un joven que iba de acompañante en una motocicleta que se desplazaba por la calle, se bajó y le disparó en la espalda con una pistola de grueso calibre, vaciándole el cargador completo de una pistola 11,25, montando de inmediato el vehículo manejado por el otro terrorista y alejándose a gran velocidad, mientras algunos testigos quedaban atónitos. La víctima caída en un charco de sangre fue ayudada por los aterrados vecinos quienes lo transportaron al hospital Rawson donde falleció. La organización terrorista ERP - 22 de agosto, se hizo responsable admitiendo haber elegido el mismo procedimiento con el cual asesinaron al Alte. Hermes Quijada. Los diarios de la época lo destacaron entre sus principales titulares y sus familiares (entre ellos esposa y dos hijos), colegas y amigos lo despidieron emocionados y compungidos "... con la honda consternación de la gran familia judicial que hoy llora la desaparición de uno de los jueces más destacados y queridos", como dijo el Dr. Malbrán, quien subrayó además "la personalidad de hombre de bien, su extraordinario don de simpatía, su gran bondad, su natural y comunicativa alegría, su trato cordial, sus dotes intelectuales...". (Revista Política y Economía, Web page).

VI) CONCLUSIÓN:

Colofón de lo relatado surge inevitable decir que así el accionar de la subversión alcanzó uno de sus objetivos: maximizar la ineficiencia del sistema legal. Los asesinatos y atentados de todo tipo cometidos y la sistemática campaña de intimidaciones dieron su resultado. Además, a la total impotencia de los gobiernos elegidos en 1973, acompañó una oposición, que en sus declaraciones, exhibía el miedo de asumir las responsabilidades políticas. Así, cuando se planteaba el interrogante de cómo combatir a la subversión, el gobierno de Isabel Perón, trató de reeditar la idea de constituir el Tribunal Federal y muchos fueron los sectores de su partido – y de otros - que se expresaron en contra, invocando su impopularidad y la dificultad de encontrar magistrados para integrarlo. El mensaje enviado desde las fuerzas políticas hacia aquellos que habían aceptado los cargos judiciales para combatir la guerrilla desde el Poder Judicial había hecho efecto, ya que resultó imposible una nueva conformación. Esto llevó a que el gobierno constitucional para luchar contra el terrorismo, fuera permisivo con el accionar de organizaciones de tipo parapolicial, como lo demuestran las 908 desapariciones habidas en el país con anterioridad al 24/03/1976, las que nunca fueron investigados ni fueron imputados como autores y/o partícipes mediatos de ellas los civiles que gobernaban el país por ese entonces. Una sociedad aterrorizada y casi prescindente, empujó luego a las Fuerzas Armadas a cumplir las leyes dictadas por el gobierno democrático de “aniquilar a las organizaciones subversivas”, objetivo logrado ya que las mismas fueron totalmente desbaratadas. Así lo reconoce Félix Luna (Ob. Cit. Pag. 51) expresando que la vía de la justicia ordinaria fue abandonada por los militares cuando entendieron que la vía institucional había dejado de ser eficaz (Nota: en el período 1973/1976 fueron asesinados aproximadamente 77 oficiales y miembros de la fuerzas de seguridad) al suprimirse la Cámara Federal, la cual de haber continuado hubiera – creo – evitado la condenable metodología de las desapariciones.

En suma, la Cámara Federal en lo Penal de la Nación juzgó en Derecho a aquellos imputados de delitos guerrilleros, pero por una decisión política artera y plagada de dolo que no tuvo en cuenta la verdadera dimensión de su accionar y sus consecuencias, se desarticuló absolutamente lo que fue considerado a nivel mundial y reconocido en diversos ámbitos – aun entre los propios imputados – como la única respuesta avanzada, eficaz y pacífica para terminar con el flagelo del terrorismo.

Con esta respuesta se evitó la participación protagónica de las fuerzas armadas (particularmente el Ejército y la Armada), lo que durante la vigencia del régimen constitucional no pudo evitarse. “La decisión de nuestros legisladores, apoyada, impulsada e instrumentada por el Poder Ejecutivo que asumió en mayo de 1973, como fue la de abrir, desordenada e incontrolablemente, las puertas de las cárceles a quienes,…, habían atentado contra la sociedad argentina y estaban condenados por tribunales civiles, es un hecho que por su importancia y proyección, la Historia deberá analizar con la objetividad que sólo da el tiempo…” (Operaciones Terrestres en las Islas Malvinas, Oficiales participantes en la Campaña, Círculo Militar, Buenos Aires - 1985 página. 48).

Por último, vaya mi homenaje a todos aquellos que formaron parte de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación y padecieron por ello la persecución, el escarnio, el exilio y hasta la muerte, ellos y en especial el Dr. Jorge V. Quiroga enaltecieron la función judicial, pero por sobre todo el de verdaderos patriotas y hombres de Derecho.

Esteban Matías Gutiérrez Dalla Fontana






[1] Abogado. Nieto del Grl. de Intendencia (PM) José Esteban Dalla Fontana, asesinado por terroristas del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) el 24 de febrero de 1976.

DÉCADA DEL 70 - DEUDAS PENDIENTES


miércoles, 26 de abril de 2017

CUATROCIENTAS CRUCES


Señor Director:

En el corazón de nuestra Argentina, están enclavadas 400 cruces. Una por cada uno de los camaradas muertos en cautiverio que son llorados por numerosos compatriotas que sienten sus almas desgarradas por la injusticia de ver como se apagó la vida de "mártires contemporáneos". 57 cruces, fueron emplazadas en los 500 días de gestión que lleva este gobierno en ejercicio.

Muy fresco, en la memoria de la sociedad toda, está el objetivo de poner fin al "curro de los derechos humanos", que nuestro actual presidente enumeró como meta a alcanzar, en procura de la reconciliación nacional.

2000 hombres de armas, octogenarios, la mayoría, padecen su calvario, en las prisiones, calabozos y celdas del país, "contrario a derecho". Cada fallecido más, en cautiverio, profundiza sentimientos de rencor, e ira que no contribuyen a aquietar las aguas que profundizan el distanciamiento entre compatriotas.

La llaga está abierta y la concordia buscada, no es más que una expresión de deseo, carente de contenido.

Tomen conciencia las actuales autoridades. El futuro de una gran nación, está en riesgo y accesos de rabia agresividad y rebeldía, inundan los corazones de gente de bien que, deseosa está, de contribuir a "fraternizar " con miras a un próspero y gratificante futuro.

Roguemos porque, el coraje político de Cambiemos, de paso a un genuino cambio.

Héctor Julio Álvarez.

¿QUIÉN ES EDUARDO ANGUITA?

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INJUSTA JUSTICIA

Pablo García Aliverti

Pablo García Aliverti, atropelló alcoholizado, hace 4 años, a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo.

Luego del accidente, sin siquiera haber frenado, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos 4 años esperó su sentencia en libertad. Finalmente, fue sentenciado a 4 años, aunque todavía sigue libre.

Yo me pregunto: ¿por que los presos de los juicios mal llamados de “Lesa Humanidad”, con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios y sin condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia?

En Argentina el “Principio de Presunción de Inocencia” sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las FF.AA., FF.SS. y Policías de los años 70, en cambio, son juzgados y condenados de antemano por la Justicia Tuerta.

María Guadalupe Jones


viernes, 21 de abril de 2017

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIPUTADO NACIONAL ALFREDO OLMEDO


El día 20 de abril de 2017 se llevó a cabo una interesante reunión de trabajo con el diputado nacional Alfredo Olmedo, acompañado por el diputado de la provincia de Salta Carlos Raúl Zapata, con organizaciones afines y ocupadas por la temática de los mal llamados juicios de lesa humanidad. También participaron familiares y camaradas de los actuales Presos Políticos, profesionales independientes, periodistas, escritores, cineastas.


Los distintos participantes explicaron minuciosamente a los diputados la situación de las personas afectadas por los juicios mencionados, haciendo especial hincapié sobre los 400 Presos Políticos fallecidos en cautiverio, de los cuales 59 corresponde al período del actual gobierno de Cambiemos. Se explayaron en explicar las paupérrimas condiciones de detención en penales que no están preparados, ni capacitados, ni mínimamente equipados para atender las necesidades de una población de ancianos cuyo promedio de edad supera ampliamente los 65 años.

Ante la inconsistencia jurídica con la que se llevan adelante esos juicios surgió la necesidad urgente de una auditoría jurídica, para determinar las aberraciones que se han cometido y proceder a su inmediata corrección. Este colectivo, de personas juzgadas por lesa humanidad, a las que se les han violado sistemáticamente sus derechos humanos y jurídicos, se encuentra en estado de riesgo y desigualdad ante la ley.


El diputado Olmedo y su acompañante se pusieron a disposición de los asistentes para ayudar a encontrar los caminos que conduzcan a la concordia, liberación de los Presos Políticos y reconocimiento de las Víctimas del terrorismo en la Argentina.

martes, 18 de abril de 2017

FALLECIMIENTO DEL CORONEL HUGO JORGE DELMÉ - CRONOLOGÍA OFICIAL DE LOS HECHOS


A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES, FUERZAS PENITENCIARIAS Y SUS FAMILIAS

A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SUS FAMILIARES

A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ONG VINCULADAS

A TODOS LOS ALLEGADOS, AMIGOS Y COMPATRIOTAS


Estimados Camaradas y Amigos:

Tal como se informó y es ya de público conocimiento, el Coronel (R) Hugo Jorge DELMÉ de 80 años de edad, falleció el día 13 de Abril del corriente a las 20 horas, en la Celda Nro. 8 - Pabellón "C" del Instituto Penal Federal UP - 34 de Campo de Mayo. Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima y arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa humanidad".


Como siempre se expresa, dentro de este proceso de persecución, venganza y exterminio se continúan repitiendo en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Pese a su muy avanzada edad y los gravísimos problemas de salud por los que atravesaba, no recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, mientras que también se le negaba metódicamente la posibilidad de tener acceso a la Prisión Domiciliaria.

Los responsables de su muerte son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la Cámara de Casación - Sala 2.

Se emitirá al respecto y próximamente, una Comunicación Oficial de los Presos Políticos alojados en la U-34.

Se agrega la Cronología de los Hechos (exacta y oficial) que motivan este Mensaje. 





Se ruega dar al presente la mayor difusión posible.

Coronel (R) Guillermo César Viola

Unión de Promociones

lunes, 17 de abril de 2017

UNA MUERTE QUE INTERPELA

Coronel (R) Hugo Delmé

El jueves 13 de abril, fue encontrado muerto en la celda de la prisión en la que se encontraba, el Coronel Hugo Delmé, detenido por los llamados juicios de lesa humanidad, quien padecía de una afección cardíaca, y la pregunta que surge de inmediato es ¿qué hacía allí un anciano de 80 años detenido contra derecho y sin la adecuada atención médica?

Su cadáver interpela desde entonces a los jueces del tribunal oral federal de Bahía Blanca, quienes le negaron reiteradas veces la prisión domiciliaria, y al sistema penitenciario por no disponer de estructuras de atención médica adecuadas para atender a ancianos con patologías de alto riesgo.

Interpela además a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, al Consejo de la Magistratura que no audita el desempeño de los jueces que cometen prevaricato en sus resoluciones, al presidente de la Corte Suprema de Justicia quien considera que esta flagrante injusticia es política de estado, y en definitiva a la conciencia de los argentinos que no deberíamos permitir que estas tragedias ocurran en un país que se proclama defensor de los derechos humanos.

Cuatrocientos muertos en injusto cautiverio, muchos de ellos en condiciones de abandono de persona, constituyen un escándalo jurídico y humanitario que urge solucionar antes de que las graves consecuencias de la situación que padecen a diario sigan cobrándose más víctimas que podrían evitarse.

Juan Miguel Giuliano
General (R)
DNI 4.866.846
miguelgiuliano@hotmal.com.ar

“REVOLCAOS EN UN MERENGUE…”

16/04/17
Por Mauricio Ortín

Uno de los indicadores de la decadencia moral de una sociedad  debería ser el grado de aversión a la mentira que acreditan funcionarios públicos, periodistas, autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general. Falsificar los hechos históricos y promover su difusión desde el Estado y/o los medios masivos de comunicación constituye lisa y llanamente un delito aberrante; tolerarlo, un acto de cobardía o de idiotez política. En vigencia del Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de decir la verdad y los ciudadanos el deber cívico de exigirla. Pues bien, en la Argentina, en términos generales, luego de 35 años de democracia no sucede ni lo uno ni lo otro. El hecho evidente que lo refrenda  es la circunstancia de que la legislatura la provincia de Buenos Aires aprobó la ley que obliga a los tres poderes del Estado a adoptar como verdadera, en todas sus manifestaciones oficiales en que el tema lo amerite, la mentira palmaria según la cual durante el gobierno militar que comenzara  con el golpe de Estado de 1976, se cometió un genocidio que hizo desaparecer a 30.000 civiles. En la Cámara de Diputados, dicha ley-mentira obtuvo 91 votos a favor y sólo uno en contra (el del diputado Guillermo Castello).

El engendro en cuestión, sin embargo, no ha merecido de legislador nacional o gobernador alguno siquiera un monosílabo que la resista. El ignominioso silencio se extiende también a la prensa, la iglesia, sindicatos y demás asociaciones civiles.

La verdad al respecto o, si se quiere, lo más aproximado a ella es el número oficial que obra en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el cual  confirma que la cifra de desaparecidos durante el gobierno militar asciende de 6.348. Número que surge de las denuncias presentadas por los deudos en los últimos 35 años. Verdad es también que no hubo ningún genocidio y que la represión “genocida” a las bandas subversivas que asolaban el país fue ordenada por el gobierno peronista. En el colmo del cinismo el senador Norberto Amilcar García alegó que “los militares” desaparecieron a 30.000 civiles porque “pensaban distinto”. Pero ni la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 ni fue por pensar diferente. Fue Juan Perón (del que nadie puede negar su filiación peronista) y no el general Jorge Rafael Videla el que, en discurso  por Cadena Oficial del 20 de enero de 1974, los definió: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana…” (Otra que “pensaban distinto”).


Ahora bien, si este fuera un país medianamente decente, los legisladores nacionales (Carrió, Pinedo, Massa, Tonelli, Stolbizer, Wolf, Negri y algún otro de los que todavía se puede esperar algún gesto de dignidad) estarían haciendo cola para pedir la intervención federal del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires; también y por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal hubiera vetado in limine la ley mamarracho. Mas, no somos Dinamarca, ni Perú, ni Uruguay; pero ni en Venezuela una ley semejante hubiera sido aprobada por unanimidad. La triste circunstancia de que los políticos locales, por acción u omisión, hayan traicionado con descaro los más elementales principios republicanos revela que la inhabilidad moral no es un fenómeno aislado que afecta solo a una provincia sino un tsunami que encharca casi sin excepción a todo el arco dirigencial argentino y que estamos, como dice el tango, “en un mismo lodo todos manoseaos…”

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el jueves 13 de Abril de 2017 falleció el señor Coronel (R) Hugo José Delmé (Infantería - Promoción 87 - CMN), Preso Político en cautiverio, de 80 años de edad.

Consecuentemente, ya son 400 (cuatrocientos) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 59 (cincuenta y nueve) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 205 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

sábado, 15 de abril de 2017

EVIDENTE Y FLAGRANTE INJUSTICIA


El 11 de abril fue llevado a una Clínica privada en Ambulancia de su Obra Social con 6 custodios Lázaro Báez de 60 años por una arritmia... el jueves 13 de abril murió en su celda de Campo de Mayo el Coronel Delme de 82 años de edad, lo encontraron muerto sus propios compañeros y fueron los mismos que les practicaron maniobras de reanimación, ya que la cárcel de campo de mayo a cuales los organismos de Derechos Humanos llaman cárcel VIP no cuenta con médicos... una cárcel que aloja a militares mayores de 70 años no tienen médicos, el Coronel Delme se pasó una semana diciendo que le dolía el brazo izquierdo, y no lo llevaron al médico...

Coronel (R) Hugo Jorge Delme

¿Alguien le puede explicar a la familia del Coronel Delme porque la diferencia de asistencia médica entre un político preso como Baez y un Preso Político como Delme? eso no es abandono de persona? empezando que se esta violando la ley ya que al Coronel Delme le correspondía prisión domiciliaria por su edad, el Coronel Delme fue asesinado por la indiferencia de los Derechos Humanos.

Maria Guadalupe Jones